Italia mantiene firmes los controles fronterizos que impuso a los viajeros procedentes de España, y el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni asegura que no los levantará antes del 15 de agosto como muy pronto. Roma introdujo los controles el 30 de julio, después de que unas 72.000 personas cruzaran al enclave español de Ceuta en cuestión de semanas, una entrada masiva que costó la vida a al menos 100 migrantes y solicitantes de asilo por el camino y que ha dejado dentro del enclave a unos 1.342 menores, más de 100 de ellos no acompañados.
Meloni describió los controles como una medida extraordinaria destinada a salvaguardar la seguridad nacional y anticiparse a posibles repercusiones para Italia. El Gobierno español calificó ese razonamiento de desfasado en cuestión de días, alegando que el 1 de agosto la frontera de Ceuta ya estaba de nuevo bajo control y que la inmensa mayoría de quienes habían cruzado ya habían sido devueltos a Marruecos. Madrid tachó los controles de Roma de injustificados, contrarios a los intereses de la Unión Europea y discriminatorios contra la población española.
España no se quedó en las quejas. Desde la medianoche del primer sábado de agosto, las autoridades españolas empezaron sus propios controles de pasaporte, nacionalidad y visado a los viajeros procedentes de Italia, una medida prevista hasta el 7 de septiembre y justificada, no sin ironía, por la presión migratoria irregular persistente, el mismo lenguaje que Roma había usado contra Madrid semanas antes.

