Se han anunciado unos 10,5 gigavatios de capacidad de centros de datos en la península ibérica. Solo unos 4,5 gigavatios cuentan como activos, es decir, vinculados a un proyecto identificable con capital institucional detrás y un promotor capaz de construirlo. Los otros seis gigavatios son anuncios.
La restricción que manda no es el dinero ni el suelo. Es la capacidad de red, el acceso y los permisos, tres problemas distintos que llegan en secuencia y que consumen años cada uno. Un promotor puede cerrar la financiación en meses y esperar bastante más por un punto de conexión que exista físicamente.
España resultó atractiva para este sector por buenas razones. La electricidad es comparativamente barata, el mix de generación tiene una proporción renovable inusual y hay suelo a precios impensables en Fráncfort o en Dublín. Esas ventajas son reales y todas dependen de una red que no se diseñó pensando en emplazamientos únicos de escala gigavatio.