Los 1.179 trabajadores de Groundforce que se ocupan de la facturación, el embarque, el equipaje y la coordinación de vuelos en el aeropuerto de Barcelona El Prat iniciaron esta semana una huelga indefinida. El primer día se cancelaron veinte vuelos y el segundo dieciocho. Frente a lo que es El Prat en agosto, es una cifra pequeña, y la razón de que lo sea está escrita en la normativa y no en el nivel de seguimiento del paro.
El Ministerio de Transportes fija los servicios mínimos, y no son uniformes. Los vuelos entre la península y Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla se garantizan al 80 por ciento, porque en esas rutas no hay alternativa. Los internacionales y los peninsulares cuyo trayecto alternativo superaría las cinco horas quedan en el 58 por ciento. Los nacionales con alternativa de menos de cinco horas, en el 35 por ciento. Dicho de otro modo, el Estado protege las rutas en las que el pasajero queda más atrapado y deja que la presión recaiga sobre aquellas en las que existe un tren.
Esa estructura determina lo que una huelga así puede lograr de verdad. La capacidad de presión de los trabajadores se concentra en rutas nacionales cortas en pleno verano, con unos dos millones de pasajeros previstos en la ventana de afectación, lo que basta para resultar doloroso para los viajeros y no está claro que baste para mover a una empresa que ya ha aguantado un paro este mismo año.