El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha dado al Gobierno central de España un plazo de 30 días para resolver la crisis migratoria en el enclave antes de llevar el asunto a los tribunales, y ha dicho a los medios que Ceuta vive momentos excepcionales. Su plan es dirigirse directamente a los presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, un movimiento inusualmente contundente de un cargo local contra su propio Gobierno nacional.

Detrás de la amenaza hay una acusación concreta: los trabajadores de la frontera aseguran que avisaron a Madrid en julio de que se estaba gestando una avalancha, y que la respuesta del Gobierno fue mínima. Esa afirmación, si se sostiene, cambiaría el relato de la crisis, que pasaría de ser un golpe imprevisible a un fallo advertido de antemano, que es exactamente la distinción que necesitaría establecer un caso judicial.

Un detalle previo al cruce ayuda a explicar por qué tanta gente optó específicamente por nadar en lugar de trepar la valla. Una sentencia judicial española del 29 de junio permitía la devolución inmediata solo en la propia barrera física fronteriza, eximiendo a quienes entraban por el agua, una información que se difundió por redes sociales y, según los investigadores, también a través de redes de tráfico de personas que la usaron para dirigir a la gente hacia la ruta marítima. Meta y TikTok activaron protocolos de crisis durante la avalancha para combatir bulos que circulaban en línea sobre una supuesta apertura total de la frontera el 15 de agosto.

Entre 5.000 y 8.000 migrantes siguen en Ceuta, frente a los más de 72.000 que entraron durante la avalancha del 29 y 30 de julio en un territorio de unos 80.000 habitantes. El balance de muertos de aquel cruce también está en disputa, siguiendo la línea habitual: España cifra en 80 las muertes confirmadas y Marruecos en 14, para un total combinado de 94 que sigue por debajo de las cifras más altas citadas por organizaciones de derechos humanos en otros momentos de la crisis.

La disputa ya ha cambiado los viajes entre dos socios de la UE. Italia respondió al cruce original con controles de pasaporte a los ciudadanos españoles, una infracción directa del régimen de libre circulación de Schengen, y España respondió con controles idénticos a los ciudadanos italianos. Italia ha dicho que esperará al informe de sus propios servicios de inteligencia antes de plantearse levantar las restricciones, lo que deja la amenaza legal de Ceuta contra Madrid desarrollándose sobre un trasfondo en el que España todavía intercambia controles fronterizos con uno de sus propios vecinos de la UE.