Italia ha rechazado directamente la idea de que sus controles fronterizos a los viajeros procedentes de España sean un movimiento político, insistiendo en que se trata de una respuesta de seguridad respaldada por inteligencia. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, defendió esa postura en una llamada de emergencia entre ministros del Interior de la UE, diciendo a sus homólogos que los controles no van dirigidos en ningún caso contra España ni contra ningún otro socio, y describiéndolos como una medida cautelar y organizativa para proteger la seguridad nacional.
El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, mantuvo la misma línea en público, diciendo que la situación actual no permite a Italia relajar los controles, y señalando en concreto la posibilidad de amenazas terroristas y el riesgo de nuevas entradas irregulares. Detrás de ese lenguaje hay un documento real: fuentes del Gobierno italiano han dicho que la decisión se apoya en un informe de inteligencia que señala un riesgo concreto de terrorismo yihadista vinculado a la situación en Ceuta.
El detalle de plazos que dio Piantedosi es más concreto que el lenguaje general sobre seguridad que lo rodea. Dijo que los controles se mantendrían al menos hasta el 15 de agosto, y que esa fecha se eligió después de que la propia inteligencia española alertara de un nuevo aviso sobre otro posible intento de cruce masivo en Ceuta, lo que significa que Italia se apoya en parte en las propias advertencias de España para justificar el control de los viajeros españoles.
Lo que Italia no ha ofrecido es un umbral claro para saber cuándo terminarán los controles. La condición que ha planteado, tener la certeza de que no hay riesgo de seguridad ni de terrorismo para Italia, de que no se está formando una nueva oleada y de que no hay migrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo, es lo bastante amplia como para cumplirse el 16 de agosto o no cumplirse en meses, y Roma no ha dicho qué responsables toman esa decisión ni qué pruebas la satisfarían. España, por su parte, sigue describiendo los controles como injustos, contrarios a los intereses de la Unión Europea y discriminatorios contra la población española, una caracterización que trata el argumento de seguridad como una cobertura y no como el motivo real.