El Gobierno español está construyendo dos nuevos centros de acogida temporal en Ceuta con una capacidad conjunta de 1.800 plazas, en un intento de sacar a los migrantes de las calles y las playas casi tres semanas después de que un cruce masivo desbordara el enclave. Las autoridades describieron los centros como una fase inicial que seguirá ampliándose a medida que avancen las obras de adaptación de los edificios.
La crisis se remonta al 30 y 31 de julio, cuando alrededor de 72.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos hacia Ceuta en una de las avalanchas más grandes y mortíferas que ha vivido el territorio español. Desde entonces, unas 70.000 han sido devueltas a Marruecos, pero varios miles permanecen en la ciudad, entre ellos menores no acompañados que no pueden ser expulsados de forma sumaria bajo la ley española.
Durante las últimas tres semanas, muchos de quienes se quedaron no han tenido adónde ir, y han dormido a la intemperie en aceras y en la playa con escaso acceso fiable a comida, agua potable o baños. Las organizaciones de ayuda han advertido repetidamente sobre el riesgo que esto supone, en particular para mujeres y niñas, y los vecinos de Ceuta se han quejado del deterioro de las condiciones de saneamiento y seguridad en las zonas donde se ha concentrado la gente.
Rubén Pérez Correa, secretario de Estado de Infancia, defendió la gestión del Gobierno respecto a los menores no acompañados y afirmó que las expulsiones masivas de niños son ilegales bajo la ley española. Señaló que muchos de los jóvenes que llegan proceden de lo que calificó como situaciones familiares muy complejas y necesitan atención especializada en lugar de ser expulsados.
Entre los planes vinculados a la ampliación de los centros figura una propuesta para trasladar a unas 500 niñas no acompañadas, algunas de apenas 10 u 11 años, desde Ceuta hacia instalaciones en la península. La medida ha generado oposición entre los partidos conservadores y de extrema derecha, mientras que el Gobierno de izquierda respalda los traslados por considerarlos conformes con la legislación vigente de protección de menores.
Las autoridades presentan los nuevos centros como un alojamiento alternativo destinado a poner fin a que la gente duerma en la calle en Ceuta, aunque no se ha dado una fecha concreta sobre cuándo estarán plenamente operativos o alcanzarán su capacidad conjunta.

