La Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual ha superado una fase clave en el Congreso de los Diputados tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad presentadas contra el proyecto. El texto continúa ahora su recorrido legislativo. Su propósito es sustituir a la Ley del Cine de 2007, que el Ministerio de Cultura sostiene que ya no se corresponde con el sector que regula.
El alcance es lo sustancial. Donde la ley de 2007 se construía en torno a las películas y su exhibición, el nuevo marco reconoce las series, la distribución digital, las plataformas, los nuevos formatos, la circulación internacional, el patrimonio, el acceso del público y los datos como partes de la cultura audiovisual. Es un salto de la política de cine a algo bastante más amplio.
La razón no es difícil de ver. La industria audiovisual se ha transformado en quince años por obra de empresas que no estaban en la previsión de la ley de 2007, y un sistema de apoyo diseñado en torno al estreno en sala no alcanza a la mayor parte de lo que España produce hoy. Las series españolas han estado entre los productos culturales más exportados del periodo, en buena medida fuera del marco pensado para sostenerlas.
Las controversias se refieren a los detalles y no al principio. La definición de qué cuenta como productor independiente, las obligaciones que se imponen a las plataformas y cómo se hacen cumplir los requisitos de patrimonio y acceso están en disputa, y cada uno tiene un colectivo que gana o pierde según dónde caiga la raya.
Superar una enmienda a la totalidad no es lo mismo que aprobarse. Lo que establece es que el proyecto tiene apoyo suficiente para discutirse artículo por artículo en lugar de rechazarse en bloque, y ahí es donde se escribe de verdad una ley de este alcance.