Los ministros europeos de Interior se reunieron de urgencia el martes y dieron a España lo que se le había negado el fin de semana anterior: un frente común. Magnus Brunner, comisario de Migración, afirmó que Europa había superado sin duda esta prueba y atribuyó parte de la crisis al crimen organizado y a lo que describió como desinformación difundida por traficantes y mafias.
Las cifras han variado desde las primeras informaciones. Ahora se sitúa en torno a 72.000 el número de personas que cruzaron a Ceuta durante varios días, y en torno a 75 el de fallecidos, ambas por encima de los recuentos ofrecidos mientras los saltos aún se producían. Marruecos ha rechazado su responsabilidad y sostiene que España debería haber previsto las consecuencias de una resolución judicial sobre las barreras marítimas.
Lo que produjo la reunión fue acuerdo más que recursos. Los ministros respaldaron un mejor intercambio de información entre Estados miembros, sistemas de alerta temprana más sólidos, una vigilancia ampliada de las redes sociales para detectar una oleada antes de que se forme y una cooperación más estrecha con países de fuera de la Unión. Italia presionó por nuevos modelos de centros para tramitar solicitudes de asilo fuera de la UE, y Dinamarca pidió más gasto en seguridad fronteriza. No se comprometió financiación, no se anunció despliegue de Frontex y no se presentó legislación. La Comisión indicó que evaluará las causas con más detalle y volverá con posibles medidas en septiembre.
Los intercambios más reveladores fueron sobre el fin de semana y no sobre la frontera. El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, señaló que las divisiones oídas en los días previos no habían sido bienvenidas y habían sido explotadas por países extranjeros, que es lo más cerca que llega un ministro de decir que la amenaza de Roma de suspender Schengen con España hizo más daño en Moscú y en Rabat que en Madrid. Italia, de hecho, suspendió temporalmente sus acuerdos Schengen con España.
España tomó el resultado como una reivindicación. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, calificó la reunión de enteramente constructiva y afirmó que España salía como un socio fuerte y fiable. El ministro irlandés de Justicia, Jim O'Callaghan, que la presidió, enunció el principio con claridad: las fronteras exteriores son una responsabilidad compartida y la migración exige una respuesta europea unida.
Ese principio es el que Madrid defiende desde hace años, y oírlo desde la presidencia tras una semana de amenazas de exclusión supone un cambio real. También es, por ahora, una frase y no una partida presupuestaria. En septiembre se sabrá cuál de las dos cosas era.

