El Gobierno central de España ha puesto en marcha un plan de emergencia para trasladar a unas 500 niñas migrantes no acompañadas desde Ceuta hasta la península, una medida que enfrenta a Madrid con el enfoque preferido por la Comisión Europea para gestionar a los menores no acompañados en la frontera exterior del bloque.
El traslado llega después de una entrada masiva al enclave norteafricano los días 30 y 31 de julio, cuando un gran número de migrantes, entre ellos muchos menores, cruzaron la valla fronteriza y nadaron rodeándola desde territorio marroquí. Para el 18 de agosto, la Policía Nacional había contabilizado 2168 menores en Ceuta vinculados a esa oleada, desbordando la capacidad de acogida que la ciudad tiene habitualmente para niños que llegan sin padres ni tutores.
Para acelerar el proceso, el Gobierno ha aprobado un real decreto ley que obliga a las comunidades autónomas a participar en el alojamiento de los menores, ya sea acogiendo directamente a una parte de ellos o gestionando acogimientos familiares. Una vía paralela permite que organizaciones de protección infantil registradas se encarguen del cuidado de las niñas en centros especializados sin que las comunidades asuman la tutela formal, una solución pensada para sacar a las menores vulnerables de Ceuta con mayor rapidez mientras continúa el debate sobre quién asume la responsabilidad.
No todas las comunidades están colaborando. Varias han rechazado el decreto, alegando que no fueron consultadas de forma adecuada o que sus propios sistemas de protección infantil ya están al límite. La tensión ha convertido lo que se planteó como una emergencia de protección infantil en otro punto de fricción dentro de la larga disputa entre el Gobierno central y las comunidades autónomas por la política migratoria.
Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha estado al frente de la coordinación de la respuesta, junto con la Consejería de Juventud e Infancia de Ceuta. Madrid también ha destinado 25 millones de euros en fondos de emergencia al enclave para ayudar a gestionar las consecuencias de la entrada masiva de julio.
La urgencia detrás del traslado de las niñas responde en buena parte a informes sobre el riesgo de violencia sexual dentro de los centros de acogida saturados de Ceuta, lo que llevó a las autoridades a priorizar la salida de mujeres jóvenes y niñas antes de resolver la situación del resto de los miles de menores que aún esperan una plaza.
La medida también coloca a España en tensión directa con las directrices de la UE. La Comisión Europea ha favorecido la devolución de los menores no acompañados a Marruecos bajo el marco de la Directiva de Retorno del bloque, en lugar de absorberlos en los sistemas de acogida nacionales de los Estados miembros. La decisión de España de reubicar a las niñas dentro del país, en vez de impulsar devoluciones, indica que Madrid está tratando la situación primero como un asunto interno de protección infantil y solo después como una cuestión de política migratoria europea.
Con más de dos mil menores todavía en Ceuta y la resistencia autonómica al decreto sin resolverse, el traslado de las 500 niñas parece ser el primer paso de un esfuerzo de redistribución más largo y disputado hacia el resto de España.