El Gobierno central de España ha puesto en marcha un plan de emergencia para trasladar a unas 500 niñas migrantes no acompañadas desde Ceuta hasta la península, una medida que enfrenta a Madrid con el enfoque preferido por la Comisión Europea para gestionar a los menores no acompañados en la frontera exterior del bloque.
El traslado llega después de una entrada masiva al enclave norteafricano los días 30 y 31 de julio, cuando un gran número de migrantes, entre ellos muchos menores, cruzaron la valla fronteriza y nadaron rodeándola desde territorio marroquí. Para el 18 de agosto, la Policía Nacional había contabilizado 2168 menores en Ceuta vinculados a esa oleada, desbordando la capacidad de acogida que la ciudad tiene habitualmente para niños que llegan sin padres ni tutores.
Para acelerar el proceso, el Gobierno ha aprobado un real decreto ley que obliga a las comunidades autónomas a participar en el alojamiento de los menores, ya sea acogiendo directamente a una parte de ellos o gestionando acogimientos familiares. Una vía paralela permite que organizaciones de protección infantil registradas se encarguen del cuidado de las niñas en centros especializados sin que las comunidades asuman la tutela formal, una solución pensada para sacar a las menores vulnerables de Ceuta con mayor rapidez mientras continúa el debate sobre quién asume la responsabilidad.
No todas las comunidades están colaborando. Varias han rechazado el decreto, alegando que no fueron consultadas de forma adecuada o que sus propios sistemas de protección infantil ya están al límite. La tensión ha convertido lo que se planteó como una emergencia de protección infantil en otro punto de fricción dentro de la larga disputa entre el Gobierno central y las comunidades autónomas por la política migratoria.

