Las encuestas actuales sitúan al Partido Popular en el 31,9 por ciento y al PSOE en el 27,1, una diferencia de casi cinco puntos con unas generales previstas para 2027. Los partidos del Gobierno suman en torno al 44,3 por ciento de los escaños en las proyecciones, que es la cifra que decide si una ventaja se traduce en poder.
La distancia no es todo el cuadro, y en el sistema español rara vez lo es. Una ventaja nacional de cuatro o cinco puntos ha fracasado repetidamente en producir una mayoría de gobierno, porque lo que cuenta es qué bloques pueden armar un Congreso. Sánchez ha construido dos gobiernos desde una posición peor que la que tiene ahora el PP.
La presión está en la carga judicial más que en las encuestas. El partido de Sánchez afronta varias causas por presunta corrupción, entre ellas la condena de un antiguo ministro de Transportes. Un caso aislado es superable. Una sucesión de ellos establece un marco sobre el que la oposición puede hacer campaña sin necesidad de construir un argumento.
Ceuta ha llegado en mitad de todo esto, y cambia el terreno más que las cifras. Una crisis migratoria desplaza la campaña a un campo donde el PP y Vox se mueven con más comodidad y donde la coalición de gobierno está dividida, con socios que han discrepado en público sobre cómo interpretar la reacción exterior a los saltos.
Un año es mucho tiempo y las encuestas españolas se han equivocado más de una vez sobre la forma del resultado. Lo que la posición actual sí establece es que el Gobierno necesita ahora que los acontecimientos le vengan de cara, y acaba de tener una semana en la que no fue así.